La banda terrorista ETA declaró hace un año el cese de su actividad armada. Casi medio siglo de actividad y 865 personas asesinadas precedieron a un anuncio que llegó 14 meses después de la suspensión de las "acciones armadas ofensivas", 10 meses después del alto el fuego "permanente, general y verificable" y solo días después de la desaparición del aparato político Ekin.

Pero ETA no se disolvió. El denominado proceso de paz, por el momento, sigue su camino no sin obstáculos, algo que no contemplaba la declaración de Aiete, resultado de la conferencia de paz que se celebró en San Sebastián y antesala del anuncio de ETA. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, y el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, entre otros, pidieron a España y Francia que negociaran sobre "las consecuencias del conflicto".

La palabra que más se repite en relación a este tema es "bloqueo"; los expertos creen que la banda, que ha incluido en su cúpula a un ideólogo de la izquierda abertzale, Mikel Irastorza Artola, se resiste al desarme porque sería una de las monedas de cambio para poder hablar de los presos, los refugiados y los huidos en Europa. El Gobierno, por su parte, se niega rotundamente a negociar salidas políticas o cuestiones penitenciarias.

Al margen de esto, un año después, la justicia sigue condenando atentados y las detenciones se siguen produciendo: 28 en total, entre miembros de ETA y acusados por violencia callejera, desde el 13 de diciembre de 2011 hasta el 1 de octubre de 2012, según datos de Interior. A esta cifra hay que añadirle arrestos  recientes como el de José Ignacio Pérez Aramburu, detenido el viernes en Irún y con una orden de extradición a Francia pendiente.

Y también sigue su curso la vida política: tras unos comicios municipales en 2011 con la presencia de Bildu, el próximo domingo podría haber nuevo lehendakari.

Así se ha vivido el último año sin ETA:

La organización Lokarri, que auspició la conferencia de Aiete, asegura en su boletín de septiembre que hay un riesgo patente de que "el proceso de paz quede empantanado" y propone "cambiar el foco" del mismo y "situarlo sobre la sociedad vasca". No obstante, según Paul Ríos, su coordinador, el año transcurrido, aunque con unas cuantas salvedades, ha sido "positivo".

Tras el anuncio de ETA, los entonces presidentes de España y Francia, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolas Sarkozy, acordaron mantener "un canal permanente de información" sobre la nueva etapa; el lehendakari Patxi López, por su parte, abrió una ronda de contactos con todos los partidos, incluida la izquierda abertzale. Las visitas a La Moncloa también se sucedieron.

La propia banda, desde entonces, ha insistido varias veces en su intención de "adoptar compromisos" y hasta llegó a designar "una delegación para llevar a cabo un diálogo directo con los Gobiernos de España y de Francia". A los nueve meses de su anuncio, dijo que seguía haciendo "esfuerzos para abrir vías de diálogo" y criticaba que "los estados" manejaban "una agenda contra la paz".

Su último comunicado fue el pasado 27 de septiembre. La banda se dirigió directamente a la izquierda abertzale —que ha seguido su propio proceso evolutivo— y le instó a "corregir errores y superar carencias" y advirtió de que "la rueda del sufrimiento" seguía girando. Las posturas del Gobierno de Mariano Rajoy y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se han mantenido firmes.

Ha habido algunos gestos, entretanto, que indican movimiento dentro y fuera de la banda, como por ejemplo peticiones públicas de perdón a las víctimas, como la del exdirigente de ETA José Luis Álvarez Santacristina, Txelis —"de todo corazón y con toda hondura de reflexión autocrítica"—; la disolución de la organización juvenil Segi; o la última manifestación, en febrero, de la coordinadora Gesto por la Paz.

Tras el anuncio de la banda, por último, se publicó el libro ETA, las claves de la paz, del político socialista Jesús Eguiguren, en el que se analizan las claves de las conversaciones con ETA llevadas a cabo entre junio de 2006 y mayo de 2007; diez días antes de que ETA decidiera el cese de su actividad armada, el Tribunal Supremo sentenció que esas conversaciones no supusieron "ilícito penal alguno".

Nada de esto animó a un acercamiento. La Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego dijo en mayo que había constatado que ETA estaba aún armada pero "preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso". Interior contestó de inmediato que "con la Guardia Civil y la Policía" era suficiente "para verificar una eventual disolución de la organización terrorista".

A día de hoy, ETA y el Gobierno mantienen abiertos canales de comunicación, un hilo que tiene en mitad del camino dos intermediarios, uno de ellos una importante ONG con lazos estrechos con la Iglesia vasca. El Ejecutivo inició hace meses un plan de reducción de los servicios de escoltas.

Las fuerzas de seguridad creen que ya no hay vuelta atrás en el proceso "irreversible" de extinción de la banda y que sólo una escisión o cambio de dirección podría quebrar ese camino.

Asimismo, fuentes de la lucha antiterrorista no aprecian ningún síntoma de rearme en la organización ni movimientos para la formación de comandos, aunque se muestran convencidas de que el desarme total está "muy lejos" de producirse, condicionado a la resolución de su principal "caballo de batalla": la situación de los presos.

Los etarras han dejado de buscar información de objetivos -los "papeles" no están actualizados- y de extorsionar a los empresarios, aunque mantienen su red de informadores, subrayan las mismas fuentes. En cualquier caso, los investigadores creen que ETA tiene dinero suficiente para seguir subsistiendo; en el momento de su anuncio tenía recursos solo para dos años de baja actividad.

Tanto la Ertzaintza, como la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen funcionando "al cien por cien" en su actividad antiterrorista. Todo parece indicar, aseguran las fuentes, que la dirección de la banda terrorista "ha asumido la derrota policial" y que la lucha armada "no va a ninguna parte", por lo que la cúpula apuesta ahora casi de forma unánime por la vía política.

La izquierda abertzale ha 'colocado' a uno de sus ideólogos, Mikel Irastorza Artola, como nuevo hombre fuerte en ETA. Hasta hace poco, David Pla, Izaskun Lesaka e Iratxe Sorzábal ocupaban ese puesto, pero ahora se encargarán de los aparatos militar y logístico de la banda.

También han aparecido nuevas figuras, como el de Egoitz Urrutikoetxea, hijo de Josu Ternera. ETA también tiene un comité de dirección (la Zuba), que cuenta con cinco personas, y un consejo de veteranos refugiados en otros países. En total, la banda contaría actualmente con unas 300 personas. Estados Unidos la sigue manteniendo en su lista de grupos terroristas internacionales.

Las asociaciones de víctimas se muestran a día de hoy escépticas sobre el final de la banda y creen que la organización no tiene intención ni de disolverse, ni de entregar las armas ni, mucho menos, de condenar sus crímenes y colaborar con la justicia.

"En el momento en que el entorno de ETA tenga más poder en las instituciones y el Estado rechace sus pretensiones de independencia veremos lo que sucede", asegura la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, que desconfía de que ETA no vuelva a matar si su exigencia de autodeterminación no es satisfecha.

Las víctimas reclaman "firmeza y contundencia" en la lucha antiterrorista. El responsable de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, por su parte, cree que el comunicado de ETA fue "simplemente otra pantomima más". Desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, su presidenta Maite Pagazaurtundua dice que la banda "mutó" hace un año para "convertir el desastre que se les avecina en una oportunidad".

Por otro lado, la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite) ha reclamado que "la sangre derramada" y "el sufrimiento injusto padecido por esta tierra vasca no sea nunca en vano" y una "justicia completa" sin "olvidos ni vejaciones".

Justo después del anuncio de ETA, el 29 de octubre de 2011, miles de personas celebraron una manifestación en Madrid bajo el lema "Frente a la impunidad, Justicia", convocadas por la plataforma Voces contra el Terrorismo. Exigieron un final del terrorismo con "vencedores y vencidos". En 2012 las víctimas han recordado, en sendos aniversarios, el atentado de Hipercor y el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El pasado mes de febrero la izquierda abertzale expresó su "profundo pesar" por las "consecuencias derivadas de la acción armada de ETA" y por su "posición política" ante ellas, "en la medida en que haya podido suponer, no de manera intencionada, un dolor añadido o un sentimiento de humillación hacia las víctimas".

En agosto, el diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, de Bildu, asistió por primera vez a una concentración en memoria de una víctima de ETA, Joxe Mari Korta; Arnaldo Otegi, que se encuentra actualmente en prisión, pidió en septiembre "sinceras disculpas, acompañadas de un 'lo siento' de corazón". Los presos hicieron lo propio en verano.

Las fuerzas políticas con representación parlamentaria siguen exigiendo a la banda terrorista, un año después, que se disuelva.

Conrado Escobar, portavoz de Interior del grupo popular, subraya que es lo único que espera cualquier persona con sentido común, con "criterios de decencia democrática". El portavoz del PSOE en la misma Comisión, Pedro Muñoz, ha dicho por su parte que este aniversario es "una recompensa" para quienes más han sufrido el terrorismo y para quienes más lo han combatido.

La líder de UPyD, Rosa Díez, cree que hay una aceptación por parte del Gobierno de "un empate" entre el "terror y el Estado y el terror y la democracia". Rafael Larreina, de Amaiur, sostiene que durante este año las fuerzas "soberanistas" han dado pasos importantes para la normalización política del País Vasco, lo que no han hecho los partidos estatales, que "no se han movido de donde estaban".

Josu Erkoreka, del PNV, hace un balance "necesariamente positivo" del anuncio de ETA porque han desaparecido los atentados y las amenazas, aunque señala que ETA debe entregar los arsenales militares y advierte a Bildu de que no puede exigir medidas compensatorias previas al Gobierno. Cayo Lara, de IU, demanda el "completo final" de la banda y Jordi Jané, de CiU, destaca el "compromiso ético" de recordar a las víctimas.

En febrero, todos los grupos salvo UPyD y Amaiur pactaron un texto apelando a la unidad para buscar la disolución definitiva de ETA.

El pasado mes de junio, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de la formación abertzale Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

Le daba así la posibilidad de concurrir a unos comicios, destacando que la formación rechazaba la violencia como medio de acción política. El 22 de mayo de 2011, la coalición Bildu —Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes— pudo concurrir a las elecciones municipales en virtud de otra decisión del TC y se convirtió en la segunda fuerza política en el País Vasco.

En las elecciones generales de noviembre de 2011, la formación Amaiur —Bildu y Aralar— obtuvo un total de siete diputados, pero se quedó sin grupo parlamentario por decision de la Mesa del Congreso y estos tuvieron que integrarse en el Grupo Mixto.

Bildu pedirá en San Sebastián con motivo del aniversario de Conferencia Internacional de Paz que se cumpla lo acordado allí, añadiendo un llamamiento para que los gobiernos español y francés "cumplan y actúen con responsabilidad respecto al cumplimiento de los puntos adoptados", y para que "todos los agentes sociales y políticos" se adhieran a la declaración y den "pasos efectivos en favor de la paz".

Laura Mintegi es la cabeza de cartel de EH Bildu para las elecciones autonómicas del 21 de octubre. Asegura que la coalición que integra a la izquierda abertzale, a EA y a Aralar será capaz de "conseguir la paz, sin vencedores ni vencidos".

"Pongamos los dos relatos y digamos: así lo hemos vivido y lo hemos sufrido", ha dicho para equiparar la versión de las víctimas de ETA con la de los presos de la banda terrorista y su entorno. Por otro lado, centra también su mensaje en la consecución de la independencia del País Vasco y cree que "si es verdad que esto es una democracia, tiene que ser posible ejercer el derecho de decisión".

El barómetro electoral del CIS, publicado el 5 de octubre, otorga a EH Bildu entre 21 y 22 diputados; el PNV ganaría con 27 escaños. Igualaría así los resultados que obtuvo Herri Batasuna en la primera legislatura 1980-1984 y supondría la vuelta a las instituciones vascas de la izquierda abertzale.

El Gobierno está estudiando reformar la ley electoral para que los ciudadanos vascos y navarros exiliados por culpa de la amenaza de ETA puedan votar en sus comunidades autónomas en futuros procesos.

Es uno de los aspectos clave en el proceso de paz, ya que para la banda terrorista es inevitable resolver la situación de los presos que están repartidos en varias cárceles de España y el extranjero.

En total, según datos de septiembre de la asociación Etxerat, el "Colectivo de Presos Políticos Vascos" estaría conformado por 609 reclusos encerrados en 85 prisiones; 456 de ellos están en cárceles españolas, 11 en prisión atenuada por enfermedad, 136 en Francia, 8 en otros países y uno más a la espera de extradición.

Un mes después del anuncio de ETA, la mayoría había solicitado beneficios penitenciarios para ellos mismos o para los compañeros enfermos. Interior dijo desde un principio que nadie marcaría "el ritmo" de la política penitenciaria del Gobierno, aunque en abril anunció un plan de reinserción para terroristas encarcelados que contemplaría el acercamiento. En agosto se refirió también a los huidos arrepentidos.

El Gobierno de Zapatero escogió la prisión de Nanclares de la Oca (en Álava) para reagrupar y dar beneficios penitenciarios a los presos etarras que decidieron pedir perdón y desvincularse de la banda terrorista. El Ejecutivo de Rajoy no puso como condición que pidieran perdón para acogerse al plan, aunque sí es uno de los objetivos. Este año se han producido algunos encuentros entre víctimas y presos.

Tras un verano de polémica y después de obtener el tercer grado, la Audiencia Nacional, confirmó la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de conceder la libertad condicional del preso etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga, uno de los secuestradores de Ortega Lara. Medio centenar de presos de la cárcel de Valdemoro (Madrid) exigen ahora que se les aplique la misma doctrina y han anunciado una huelga de hambre.

Los presos han pedido el voto para Bildu, según ha publicado Gara.

De forma paralela a todo lo anterior, la justicia no ha dado tregua a ETA en el último año. El 27 de octubre de 2011 se celebró el primer juicio a miembros de la banda desde el anuncio de cese de la violencia. Durante este año han recibido condenas miembros destacados de ETA como Juan Antonio Olarra Guridi o Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'.

Hace unos días, el fiscal mantuvo su petición de 23 años de prisión para los etarras Patxi Xabier Macazaga y Oskarbi Jauregui Amundaran, juzgados en la Audiencia Nacional por el intento de asesinato del consejero del Diario Vasco José María Muguruza en octubre de 2000. El mismo día, un tribunal británico decidió posponer hasta enero de 2013 el juicio de extradición del etarra Antonio Troitiño Arranz.

Pero no solo son miembros de ETA los condenados: la Audiencia Nacional comunicó el pasado día 17 su procesamiento en el caso Faisán al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros, por los delitos de colaboración terrorista y revelación de secretos.

También hay sentencias favorables, como la puesta en libertad en marzo de tres presos etarras a los que se había aplicado la doctrina Parot —otros dos fueron puestos en libertad este mes de octubre— y la absolución, en junio, de 11 miembros de Askatasuna y D3M —ilegalizadas por el Tribunal Supremo y el Constitucional— al estimar que promover estas candidaturas, "ideológicamente asociadas a la izquierda abertzale", no suponía un apoyo deliberado a ETA.

La doctrina Parot ha sido en este mismo año avalada por el TC y puesta en cuestión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, Según datos de diciembre de 2011 del Observatorio contra la Impunidad, un 40% de los asesinatos cometidos desde la amnistía de 1977 han quedado impunes y carecen de sentencia judicial.